Responsabilidad socialista

EDITORIAL EL CORREO | 

La ronda de conversaciones entre el candidato propuesto por el Rey para la investidura y los principales grupos parlamentarios da comienzo hoy en el Congreso. Nuestra democracia representativa conforma un Estado descentralizado con tres niveles institucionales que se eligen y funcionan de manera autónoma entre sí. La coincidencia en el plazo de un mes de comicios que han renovado las Cortes Generales, los ayuntamientos y buena parte de las cámaras autonómicas, además del Parlamento europeo, ha proyectado la idea de que la gobernación de todas esas instituciones debía responder a una suerte de escrutinio conjunto y a la definición de una política general por parte de los partidos que concurrieron a las urnas. Pero las eventuales negociaciones que aseguren la investidura para la presidencia del Gobierno no dependen de lo que suceda en las demás instancias.

El PSOE obtuvo el 28-A un tercio de los escaños del Congreso y la mayoría absoluta del Senado, lo que le ha llevado a advertir de que le corresponde la gobernación de España, a no ser que los demás grupos prefieran la convocatoria de nuevas elecciones. Se trata de un mensaje equivocado por dos razones. En primer lugar, porque el responsable de garantizar la gobernabilidad antes que nadie es el propio Pedro Sánchez, quien no debería transferir a los demás grupos una carga que le es propia. El reconocimiento de su victoria, refrendada el 26 de mayo, no puede conducir a los otros partidos a hacer dejación de sus respectivos postulados si no es mediante la correspondiente transacción. En segundo lugar, porque al amagar con la posibilidad de nuevos comicios el partido responsable de asegurar la gobernabilidad del país tiende a bosquejar una legislatura improductiva, en tanto que atenazada por el temor que los demás grupos sientan a verse expuestos otra vez al veredicto de las urnas. Sánchez no tiene ante sí infinidad de combinaciones para superar el trámite de la investidura y asentar un mandato coherente. Es él quien debe decidir qué socios considera más acordes a sus propósitos evitando convertir la gobernabilidad de España en objeto de una subasta a la baja que desemboque en un clima de inestabilidad.